Tras décadas de represión, los «marginados» querían que se escuchara su voz. Homosexuales, prostitutas y «enfermos mentales» se organizaron durante la Transición para luchar por sus derechos. Derogar la Ley de Peligrosidad Social fue su gran objetivo.

«Ayer murió abrasada en la cárcel de mujeres de Basauri Isabel Gutiérrez Velasco, de veintitrés años. Había pegado fuego a su cama, y en ella ardió como una pira, el mismo día en que le había sido comunicada su presunta libertad: efectivamente, tras la detención, el pasado día 4, por hurto, quedaba, aunque legalmente libre, a disposición del Juzgado de Peligrosidad Social, que tramitaba su traslado a un hospital siquiátrico madrileño. Cuando le fue comunicada la decisión, se suicidó. En las fichas policiales aparecía como prostituta. Este es el último caso patético y terrible, que habla de la situación de indefensión y rechazo que va a ser puesta en cuestión y presentada en público por la Coordinadora de Grupos Marginados».

El País, 10 de noviembre de 1977

La semana de lucha de los peligrosos sociales

El 10 de noviembre de 1977, tras meses de organización, comenzaba en Madrid la Semana contra la Ley de Peligrosidad Social impulsada por la Coordinadora de Grupos Marginados. El suicidio de Isabel Gutiérrez Velasco, un día antes, fue un caso más ─esta vez recogido en la prensa─ dentro de una tendencia que parecía no cambiar en la recién estrenada democracia. Hartos de los abusos policiales y el rechazo social, en plena transición, los «marginados» denunciaban las condiciones de vida inhumanas en las cárceles del Estado español, los tratamientos de «rehabilitación» aplicados a los homosexuales, el internamiento de enfermos mentales «peligrosos» en centros psiquiátricos y la violencia a la que se veían expuestas las prostitutas. El objetivo inmediato de este grupo era acabar con una ley que consideraban injusta, ya que tipificaba como delito algunos comportamientos individuales que amenazaban el orden social. A largo plazo, el objetivo de la coordinadora era propulsar la transformación en la moral, las costumbres y formas de vida cotidiana de la sociedad del momento.

La celebración de esta semana se abrió con la presentación del libro elaborado por los propios grupos que conformaban la coordinadora, titulado Grupos Marginados y Peligrosidad Social, bajo la organización del psicólogo Javier López Linage. En esta obra, los diferentes colectivos que componían el grupo, expusieron los problemas que percibían diariamente dentro de una sociedad que los había catalogado como población marginada. Además de esta publicación, trataron de convocar una manifestación que no fue finalmente permitida por el Gobierno. Pese a ello, la Coordinadora presentó en el Pleno de las Cortes un pliego con más de 10 000 firmas pidiendo la supresión de la ley.

La actividad de este colectivo apenas superó el año de vida, pero los debates abiertos por sus integrantes siguen presentes en nuestros días. Su propia existencia cuestionaba lo establecido como «normalidad», en un momento en que no solo la ley castigaba al diferente, sino que la sociedad también imponía unas reglas y formas de conducta consideradas adecuadas. ¿Cuáles fueron los grupos que conformaron la coordinadora?, ¿qué objetivos comunes y particulares persiguieron?, ¿fueron sus quejas escuchadas?

¿Una transición para todos? 

La muerte de Franco en 1975 se presentó, en la sociedad española, como el final de un periodo oscuro y la oportunidad de apertura de una nueva época, que se ha consagrado en la memoria con el nombre de transición democrática. Desde la década anterior, en España se venía gestando un clima favorable al cambio social. Se empezaban a poner en entredicho las desfasadas estructuras políticas de la dictadura por parte de los sectores de la población que evolucionaban al calor de nuevos valores morales, las prácticas de consumo de masas y la inevitable extensión de ideas democráticas. La crisis del petróleo de 1973 y el endurecimiento de las condiciones de vida de muchos ciudadanos, junto con la oposición política a la dictadura, fueron otros de los factores que caracterizaron esta época de cambio.

«El travestí Ocaña, detenido en las Ramblas de Barcelona»
Así titulaba El País la noticia que narraba la detención del famoso pintor Ocaña, actualmente conocido como una de las figuras más representativas del clima contracultural barcelonés de los años setenta. Todo sucedió una noche de julio de 1978, durante la verbena de San Jaime en las Ramblas. El ambiente festivo se vio inesperadamente interrumpido por la policía. Los diferentes altercados acabaron con algunos detenidos. Además del propio Ocaña, también acabó en dependencias policiales el historietista Nazario, personaje importante de la Barcelona de aquella época y del mundo del cómic underground. Según las noticias de prensa, la razón de la detención fue el espectáculo de travestismo que estaba teniendo a Ocaña de gran protagonista. Esta transgresión requería una respuesta por parte de las autoridades que no dudaron en detener a público y participantes de forma violenta. En palabras de Ocaña, para una entrevista de Interviú: «La gente estaba de nuestro lado porque no hacíamos nada malo, al contrario, repartíamos alegría, y gratis. Y por eso tuvieron que desahogar su mala leche contra nosotros, unos pobres maricones, por todos los insultos que les había dirigido la gente. Y luego, al final, a los calabozos del Juzgado, y de allí a la cárcel dos días». La entrada de Ocaña y el resto en la cárcel de la Modelo generó una reacción social encabezada por el Front D’alliberament Gai de Cataluny, que convocó una manifestación para reclamar la liberación de todos los detenidos.

Entre 1976 y 1978 se elaboraron dos leyes de suma importancia: la Ley para la Reforma Política de 1977 y la Constitución de 1978. En este corto periodo se avanzó en el desmantelamiento del poder institucional del régimen franquista, para posibilitar la celebración de las elecciones generales de 1977 ─las primeras desde 1936─. De forma paralela, ese mismo año se pusieron en marcha los conocidos Pactos de la Moncloa como parte de la negociación entre los grupos políticos parlamentarios para diseñar una serie de medidas económicas, políticas y sociales. Gracias a estos acuerdos se reformaron los sistemas educativos y de la Seguridad Social, se modificaron los códigos legales y se promulgaron nuevas leyes que garantizaban los derechos en materia de libertad de expresión.

Muchas de las medidas consideradas en estos pactos no llegaron a materializarse, pero fueron un claro reflejo de las transformaciones sociales y culturales que demandaba la sociedad del momento. El proceso de cambio en las instituciones fue acompañado por una serie de movilizaciones sociales que supusieron la politización de la vida pública. Los obreros llevando a las calles sus conflictos laborales y políticos, la promoción de nuevos recursos culturales como los periódicos vecinales o las revistas políticas, fueron algunos de los ejemplos de una sociedad civil que también luchaba por el cambio. En este contexto, se reclamó, desde algunos sectores políticos y sociales, la amnistía general para los presos por los delitos políticos durante el franquismo. Una primera amnistía parcial fue proclamada el 4 de agosto de 1976, ampliándose el 15 de octubre de 1977 bajo la conocida Ley de Amnistía.

Dentro de este contexto de tímida apertura política, algunos sectores de la población vieron la oportunidad para reclamar una transformación más profunda. En el caso de la Coordinadora de Grupos Marginados, sus integrantes denunciaron la falta de atención por parte de las fuerzas políticas a los problemas a los que se enfrentaban diariamente. Si el objetivo era desmantelar el poder institucional de la dictadura, decían estos marginados, sus leyes heredadas castigaban y discriminaban aquellos comportamientos que se creía que eran proclives a la delincuencia. La más importante de ellas, todavía vigente a la altura de 1977, era la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social.

«Desde el verano de 1970, usted es un peligroso social»

Con esta frase se abría el editorial «Peligrosos sociales» de El País en noviembre de 1977. Y es que, con la promulgación de la conocida como Ley de Peligrosidad Social, se institucionalizó el principio de que los ciudadanos eran, ante todo, sospechosos. Sospechosos de poder llegar a delinquir. Sospechosos de tener una conducta perversa, desviada o peligrosa. Pero, además, bajo el pretexto de la reinserción social de prostitutas, homosexuales, alcohólicos, drogadictos y otros delincuentes, la aplicación de esta ley derivaba en el encierro en «centros especiales», como las casas de templanza o los centros de rehabilitación por el trabajo. Aunque la realidad difirió bastante de la teoría, ya que, en la práctica, la mayoría de los afectados se encontraban en cárceles y penales, debido a la falta de medios para recibir una atención especializada.

Esta ley «preventiva» o especial, heredera de la Ley de Vagos y Maleantes de la II República, mantenía los principios de su predecesora, pero endurecía algunos aspectos. Por un lado, se contemplaban penas de entre seis meses y cinco años por ejercer o promover la prostitución. Aunque la homosexualidad estaba ya presente como conducta socialmente peligrosa en la Ley de Vagos y Maleantes de 15 de julio de 1954, a partir de 1970 estos comportamientos podían ser penados sólo con que pudieran constituir delito de escándalo público, con condenas de hasta cinco años de prisión. El escándalo público era una situación que evaluaban las autoridades, ya que, el simple hecho de vestir de forma «afeminada» podía ser considerado como una conducta homosexual. Por último, vagos y mendigos habituales podían llegar a ser internados en establecimientos de trabajo hasta tres años, siendo estas penas más duras que con la anterior legislación.

¿Y los presos sociales?
Tras la primera amnistía aplicada en 1976 a los presos políticos de la dictadura y su ampliación en 1977, los presos sociales hacen también suyo dicho objetivo. En julio 1976 los presos de Carabanchel enviaron 700 escritos al Rey solicitando la amnistía total. Estos escritos fueron retenidos en prisión, y posteriormente en el Ministerio de Justicia. Ante esta situación y los continuos maltratos que denunciaban, la 5.ª galería de la cárcel se plantó y se negó a ir a los talleres, lo que provocó una brutal respuesta por parte de la Brigada Antidisturbios. Varios presos se autolesionaron y encerraron a toda la galería. A las pocas horas, el resto de la prisión tomó la terraza y exhibieron sus pancartas, donde podía leerse «Amnistía Total», «Indulto para los comunes» o «Reforma del Código Penal». Tras el motín, un gran número de presos fue trasladado a otras prisiones y muchos de ellos estuvieron 180 días en celdas de castigo. Pese a que en esta ocasión sus reivindicaciones no traspasaron las paredes del penal, en los meses posteriores siguieron una serie de acciones a modo de protesta. Sus objetivos fueron la amnistía total, estudiar las condiciones del sistema penitenciario, la reforma del Código Penal y el estudio de formas efectivas de incorporación social de los excarcelados. La negativa a un indulto generalizado y la escalada de sucesos derivó, el 18 de julio de 1978, en otro motín en Carabanchel, que duró hasta el día 21, y al que se unieron las prisiones de Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Barcelona, Murcia, Badajoz y seis reclusas de Yeserías.

El ámbito legal no era el único en el que se reprimían aquellas conductas consideradas como inmorales o peligrosas para el orden social. La esfera de la vida cotidiana, las costumbres y los valores predominantes era el lugar donde empezaban los ataques hacia las consideradas «desviaciones». Estos usos, costumbres y creencias presentes en la sociedad empezaban a transmitirse en el seno de la familia, pero funcionaban y se mantenían en el resto de los niveles sociales como la enseñanza, la institución sanitaria y las cárceles. Para la Coordinadora de Grupos Marginados, acabar con la Ley de Peligrosidad Social era solo el primer paso hacia la igualdad de condiciones. El fin último era conseguir una sociedad sin centros de castigo de ningún tipo, que respetase y fomentase la diversidad de grupos en la sociedad, no dando lugar a un discurso excluyente.

¿Qué quieren los «anormales», «ilegales» y «marginales»?

La Coordinadora de Grupos Marginados nació en abril de 1977 tras un mes de encuentros entre sus distintos componentes. En marzo del mismo año, se celebró la I Semana de Solidaridad con los Presos Comunes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Estas jornadas coincidieron con una convocatoria del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (F.H.A.R.) que organizaba una semana de lucha contra la Ley de Peligrosidad Social, iniciativa a la que finalmente se sumó la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (C.O.P.E.L.) mediante un comunicado redactado desde la cárcel de Carabanchel. A ellos se acabaron uniendo colectivos feministas como Mujeres Libres; la Agrupación Mercurio a favor de la liberación homosexual; y otros en defensa de las personas con diversidad funcional, como los Grupos de Educación Especial, el Colectivo de Psiquiatrizados en Lucha o Minusválidos Unidos. En estos encuentros se empezó a gestionar la coordinadora con un objetivo común: la abolición de la Ley de Peligrosidad Social y acabar con los prejuicios y estereotipos que estaban asentados en lo más profundo de la mentalidad de la época.

En un primer manifiesto, recogido en el libro que publicaron para la Semana contra la Ley de Peligrosidad Social, exponían sus exigencias:

• 1.º Abolición inmediata de la Ley de Peligrosidad Social y de todas las leyes «preventivas».
• 2.º Desaparición de los llamados Centros de Rehabilitación, del Tribunal Tutelar de Menores y de todos los Patronatos (de protección a la mujer, a la juventud) que no son sino instituciones represivas.
• 3.º Frente a la moral machista y represiva, derecho a la libre utilización del propio cuerpo. Libertades homosexuales. Educación sexual libre desde la infancia. Derecho para manifestar libremente todas las tendencias de afectividad.
• 4.º Abolición de toda la legislación discriminatoria sobre la mujer. Derecho al libre uso de anticonceptivos. Aborto libre y gratuito.
• 5.º Despenalización de la prostitución. Derecho para las prostitutas a la seguridad social y a la sindicación. La prostitución solo desaparecerá en una sociedad que permita una sexualidad verdaderamente libre.
• 6.º Despenalización del uso de drogas.
• 7º Desaparición del código de conceptos como el de «vago», «maleante», «personalidad psicopática», «predisposición al delito», etc.
• 8º Amnistía total inmediata y sin exclusiones que afecte también a los llamados presos comunes.

No dejaban a nadie fuera. Si algo caracterizó la coordinadora, fue la diversidad de grupos y peticiones que aglutinaron quienes la componían. Feministas como Mujeres Libres, desde el movimiento libertario, vieron la necesidad de luchar por la desaparición de la división sexista de las personas y de los papeles definidos según el género. Fueron firmes defensoras de la sexualidad como una forma de libre expresión del individuo y exigieron una información sexual a todos los niveles, aborto libre y gratuidad de los anticonceptivos. Para ellas, las políticas autoritarias en Planificación Familiar impedían la decisión libre de las mujeres sobre sus cuerpos, lo que suponía una forma más de opresión. Los grupos por la liberación homosexual –Agrupación Mercurio y F.H.A.R– plantearon que era necesario acabar con la «mojigatería sexual» de la sociedad del momento. El deseo para ellos era revolucionario y la libre expresión de este no debía, en ningún caso, condenar a la marginación social a ningún colectivo. Sin duda, la represión sexual era una cuestión política, ya que no solo se reflejaba en los convencionalismos sociales, también estaba presente en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social, «último resquicio de la Inquisición». Otras plataformas integradas en la coordinadora denunciaron la existencia de una cordura oficial que marginaba a los «locos» y «subnormales». Reclamaban el derecho a ser escuchados de estos colectivos. Pedían una transformación de la psiquiatría tradicional y de los manicomios, el derecho de los pacientes a ser informados de todos los tratamientos e incluso a participar en la gestión y administración de los centros. Por su parte, los presos sociales denunciaron el trato injusto al que fueron sometidos en comparación con sus compañeros, los presos políticos. Fueron numerosos los motines que entre 1972 y 1977 se sucedieron en diversas cárceles del Estado español denunciando las actuaciones de los funcionarios, las condiciones de vida y el trato inhumano. El movimiento en la cárcel se dotó de una estructura organizativa, la C.O.P.E.L. que plasmó los objetivos de la lucha: una amnistía total e inmediata, la reforma del Código Penal, la reforma del sistema penitenciario y la lucha contra la misma existencia de la cárcel. Estos grupos pretendían situar en el debate público sus demandas ante un contexto que favorecía el debate. Invitaron a los partidos y organizaciones obreras y populares, a los demás grupos de homosexuales y feministas, y a cualquier colectivo de marginados, a formar parte de un proyecto rupturista.

Pese a la atención mediática que durante unos meses concentraron la Coordinadora de Grupos Marginados y su semana de protesta, su actividad apenas se alargó unos meses más, hasta 1978. No pudieron ver, como grupo, la derogación de la Ley de Peligrosidad Social. En 1979 se eliminaron varios artículos de esta ley, uno de ellos el que hacía referencia a los actos de homosexualidad, aunque hasta 1983 no se consiguió la modificación del apartado del escándalo público. La ley fue finalmente derogada en su totalidad en 1995. Aunque este colectivo no alcanzó su objetivo principal en un tiempo inmediato, logró abrir un debate necesario para que los problemas de aquellos situados en los márgenes de la sociedad vieran la luz en un momento de ebullición política y social. En un contexto en el que predominaron la esperanza y la ilusión por el cambio, un grupo de locos, presos, feministas y homosexuales realizaron una labor pionera al movilizarse, allanando el camino a un posible aumento de derechos de las generaciones futuras. De la misma forma, se presentaron como un grupo con una agenda común, lo que fue fundamental para la conformación de una identidad propia, la de marginados, que servirá de ejemplo en movilizaciones posteriores. La desaparición de la Coordinadora de Marginados no supuso el final de la lucha, fue solo el principio. En los años siguientes el movimiento por la liberación de los homosexuales, el movimiento feminista y las plataformas por la integración de disminuidos físicos y psíquicos, tomaron las calles de España. Una primera experiencia, la de los marginados, que sirvió de precedente en la lucha por la extensión de los derechos.

Los marginados diez años después
Desde finales de 1980 proliferaron en Madrid distintos grupos que se interesaron por los marginados. En estos años inició su actividad el Colectivo de Defensa del Marginado (Codemar) que fue el germen de lo que, dos años después, se conformó como la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes. Barrios como Villaverde, Entrevías y Hortaleza fueron pioneros en la atención de menores trabajando directamente en la calle. Su principal labor era de denuncia de las condiciones de vida de los chavales que aspiraban a un futuro mejor. La categoría de «marginados» siguió operativa hasta bien entrados los años ochenta. En marzo de 1987 colectivos de la tercera edad, minusválidos físicos y psíquicos, madres solteras y otros afectados por la marginalidad, expusieron a Alianza Popular sus reivindicaciones en Madrid. En el acto organizado por la Comisión Regional de Acción Social del mismo grupo político, escucharon los problemas expuestos por los portavoces de estos colectivos. Entre las peticiones formuladas por los representantes, se hacía referencia a la necesidad de mejorar la integración de grupos como el de los disminuidos físicos. Otros grupos, como los vecinos de Maravillas, afectados por la venta de drogas en sus calles, pedían la eliminación de la inseguridad en sus vecindarios.

Para ampliar:

Lorenzo Rubio, César, 2013: Cárceles en llamas: el movimiento de presos sociales en la Transición, Bilbao, Virus.

Mira, Alberto, 2004: De Sodoma a Chueca: una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX, Barcelona, Egales.

Wilhelmi Casanova, Gonzalo: «No digas que no se puede. Luchas de grupos marginados en la Transición» en Quirosa-Cheyrouze Muñoz, Rafael (ed.), 2011: La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva.

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María José León Robles

Graduada en Historia y doctoranda en Historia Contemporánea en la UCM. Estudia la droga en el Madrid de los 80. Interesada en los márgenes, la movilización social y la ciudad.